Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El Gobierno de Tamaulipas anunció que cumplirá la recomendación 173VG/2024 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y reparará los daños a las familias de las ocho personas asesinadas en Nuevo Laredo en 2019, durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca.
El secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, informó que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas emitirá el dictamen que formalice la reparación integral del daño conforme a la ley.
“Por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, se cumplirá cada punto de la recomendación, garantizando justicia y atención digna a las víctimas”, señaló Villegas González.
Detalló que, además de la indemnización, el gobierno estatal brinda atención médica, psicológica y acompañamiento legal a las familias afectadas, como parte de las medidas ordenadas por la CNDH.
El funcionario recordó que la recomendación, emitida en octubre de 2024, documenta que policías del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) —creado en el sexenio de Cabeza de Vaca— ejecutaron extrajudicialmente a ocho personas y simularon un enfrentamiento armado para encubrir el crimen.
De acuerdo con el expediente CNDH/2/2022/12263/VG, los elementos del GOPES incurrieron en violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo el uso ilegítimo de la fuerza y manipulación de evidencia para justificar la masacre.
“Fue una de las agresiones más brutales cometidas por ese grupo policial, que operó con total impunidad bajo el amparo del sexenio anterior”, añadió Villegas.
El secretario afirmó que el gobierno actual mantiene un compromiso firme con la justicia y la memoria de las víctimas, así como con la depuración total de los cuerpos policiacos.
“Tenemos la instrucción del gobernador de atender a las familias que hoy siguen exigiendo verdad y justicia en Nuevo Laredo”, puntualizó.
La masacre de septiembre de 2019, cometida por agentes del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET), sigue siendo uno de los episodios más oscuros de la represión policial en el estado.
Con la ejecución de la recomendación, el Gobierno de Tamaulipas busca cerrar una etapa de impunidad y consolidar una nueva política de seguridad con plena observancia de los derechos humanos.
