Ciudad de México.- El Senado aprobó ayer la Ley Reglamentaria del Artículo Sexto constitucional en materia del derecho de réplica, la que envió al Ejecutivo federal para su promulgación.
Durante cinco horas fue discutida la nueva ley, antes de ser aprobada en lo general por 72 votos a favor y 30 en contra, a la que se opusieron senadores del PRD, PT y algunos del PAN, por considerar que es anticonstitucional y contraria a lo establecido en leyes vigentes, como la de Imprenta, la de Telecomunicaciones y la de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La nueva ley de réplica señala que se sancionará con multa de 500 a cinco mil días de salario mínimo al sujeto obligado (medios de comunicación, agencias de noticias, productores independientes y cualquier otro emisor de información responsable del contenido original) que no publique o difunda la réplica solicitada.
También se sancionará con multa de 500 a cinco mil días de salario mínimo al sujeto obligado que se haya negado a la publicación o transmisión de la réplica sin justificación.
La nueva ley indica que el sujeto obligado podrá negarse a la publicación o transmisión de la réplica, cuando, entre otros motivos, se trate de transmisiones en vivo y la réplica ya se haya realizado; cuando no se ejerza en los plazos y términos previstos en la ley; cuando no se limite a la aclaración de los datos o información que aludan a la persona; y cuando la información publicada o transmitida por el medio de comunicación provenga de una agencia de noticias y se haya citado a dicha agencia.
En tribuna, al presentar el texto, la presidenta de la Comisión de Gobernación, la priista Cristina Díaz, dijo que la ley establece que de no concederse la réplica en las mismas condiciones en las que se difundió la información, podrá iniciar un procedimiento jurisdiccional para reclamar su derecho a la réplica, así como la debida reparación del daño en caso de ser procedente.
Pero el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, el perredista Alejandro Encinas, advirtió que el dictamen tiene contradicciones normativas que dificultarán el ejercicio del derecho de réplica, sino que generará confusión y burocratismo para la instrumentación de la ley.
