El Presidente continúa la demolición del Estado Mexicano que estructura a la Nación, violando la esencia del Pacto Constitucional, sin consulta al pueblo ni autoridad legítima, mediante “Reformas Estructurales” y programas gubernamentales que abandonan a la población y al territorio nacional al dominio de entidades extranjeras, con la complicidad de gobernadores obedientes y legisladores sumisos.
Traición a los mexicanos, propietarios del patrimonio nacional, a quienes ocultan el despojo que implica estas medidas, mediante la desinformación mediática y la teatralidad gubernamental. El instrumento es un modelo, que se repite, de privatización y extranjerización de bienes e instituciones públicas, creando “regímenes especiales”, claudicando principios constitucionales y facultades soberanas del Estado.
La Reforma Energética inaugura el modelo; PEMEX y CFE, acatando receta de la OCDE, se transmutan de empresas estatales regidas por el derecho público, en empresas sujetas al derecho privado, facultando a sus Consejos para privatizar activos y funciones; concede el privilegio a las trasnacionales energéticas de “ocupación temporal” de las porciones del territorio nacional que convengan a sus explotaciones.
Se crea el Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces, FIBRA E, a fin de que PEMEX y CFE fideicomicen inmuebles, instalaciones, de su propiedad para ser rentadas a particulares, cuyos beneficios se otorgarán a quienes adquieran bonos bursátiles del fideicomiso, así las instalaciones de las dos más grandes empresas del país serán rentadas a las trasnacionales, que se apoderaran de ese inmenso patrimonio nacional.
A la Reforma Educativa, laboral-persecutoria, se le añade la emisión de Certificados para la Infraestructura Educativa Nacional, que implica el inicio del abandono de la responsabilidad del Estado de financiar la educación pública, injertando el financiamiento privado, quedando los tenedores de los Certificados como acreedores de la infraestructura y del impulso de la educación misma, medida que atenta contra la gratuidad educativa.
La Iniciativa de Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, para regiones de menor desarrollo, privatiza las facultades constitucionales del Estado en materia de desarrollo regional, “la construcción, desarrollo, administración y mantenimiento de estas zonas se realizará por el sector privado”, los permisionarios elaborarán los Planes Maestros, los inmuebles del dominio público serán explotados por privados bajo criterios de productividad y competitividad; se eliminan los principios de “desarrollo” y “servicio público” correspondientes. La Iniciativa Mérida, suscrita con Estados Unidos sin autorización del Congreso, con el pretexto de “cooperación”, somete las políticas de seguridad y migratoria a EU.
La seguridad mexicana se somete a la presencia en México de agencias extranjeras y el dominio de la Homeland Security; se nos impone la tarea migratoria de detener los flujos hacia los EU, al extremo de legislar la presencia de agentes norteamericanos armados en nuestras instalaciones migratorias y la aplicación de la brutalidad policiaca, que practican, a la migración centroamericana, contraria a nuestra original política migratoria.
Se prepara el despojo de los fondos de pensiones de los trabajadores, para especular en negocios privados, como el Fondo EXI para energía, integrado por el exdirector de la CONSAR, ex servidores públicos y Bancos que aspiran a disponer de 16 mil millones de dólares ajenos.
El Estado mexicano va siendo amputado de sus atribuciones, y menoscabado el patrimonio nacional, trasmutando lo público en privado y el interés general en competitividad y productividad, cuyo propósito es proteger el interés privado transnacional.
El modelo sustituye al Estado como rector, regulador y salvaguarda del desarrollo nacional, convertido en facilitador de un proceso que mediante contratos, permisos, concesiones y bursatilización de activos estratégicos terminan por privatizar la función pública, trasladando la facultad soberana a instancias internacionales… y viene el TTP. Sumisión del Estado al mercado.
MANUEL BARTLETT DÍAZ
SENADOR DE LA REPÚBLICA
@ManuelBartlett
