Ciudad de México.– La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que recibió solicitudes de detención con fines de extradición enviadas por Estados Unidos, relacionadas con el gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios.
La dependencia federal advirtió que los documentos remitidos por autoridades estadounidenses no contienen elementos probatorios suficientes para acreditar, en esta etapa, la presunta responsabilidad de las personas señaladas en la investigación.
Sin referirse de manera directa a nombres específicos, la Cancillería informó que el expediente fue canalizado a la Fiscalía General de la República para su análisis conforme a la legislación mexicana vigente.
Precisó que las solicitudes fueron recibidas el 28 de abril por la tarde y revisadas bajo el Tratado de Extradición bilateral, así como la Ley de Extradición Internacional.
Tras este análisis jurídico preliminar, concluyó que la información enviada por la Embajada de Estados Unidos carece, hasta ahora, de sustento probatorio suficiente para proceder con medidas cautelares como la detención provisional.
No obstante, puntualizó que corresponde a la Fiscalía determinar si existen elementos válidos dentro del sistema jurídico nacional que permitan avanzar en el proceso de extradición.
La Cancillería también recordó que los procedimientos de extradición están sujetos a estrictas reglas de confidencialidad, por lo que anunció un extrañamiento a la representación diplomática estadounidense por la difusión pública del caso.
Desde temprana hora, el canciller Roberto Velasco acudió a Palacio Nacional para informar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al gabinete de seguridad sobre el contenido de las solicitudes.
Horas después, la mandataria encabezó su conferencia matutina centrada en temas económicos, sin abordar el caso, mientras la información aún no trascendía públicamente.
Más tarde, Velasco regresó a Palacio Nacional para sostener nuevas reuniones y acompañar a la presidenta en un encuentro con el canciller de España, José Manuel Albares.
El episodio abre un nuevo frente diplomático y jurídico entre México y Estados Unidos, en medio de un caso que aún enfrenta cuestionamientos sobre la solidez de las pruebas presentadas.
